Hace tres semanas escribí sobre los riesgos técnicos que enfrentaríamos cuando Movistar comenzara su retirada de Chile. El problema es que Movistar todavía no se va. Y resulta que eso puede ser peor.
Cuando publiqué ese primer artículo, la premisa era clara. Un operador grande sale del mercado, hay que traspasar infraestructura crítica, y si no se hace bien, las consecuencias pueden ser graves. Torres sin auditar, protocolos de seguridad incompatibles, zonas rurales que pierden conectividad porque al nuevo dueño no le cierra el negocio. Todo eso sigue siendo válido.
Pero hoy, 26 de diciembre de 2025, el panorama es distinto. No porque haya cambiado la estrategia de Telefónica, sino porque esa estrategia lleva ocho meses sin concretarse. Y en infraestructura crítica, el «mientras tanto» no es un paréntesis cómodo. Es un estado de incertidumbre donde los fierros siguen expuestos al viento, la corrosión avanza, y nadie sabe con certeza quién está invirtiendo en mantenerlos.
Déjenme explicar por qué esto debería preocuparnos más de lo que parece.
La paradoja de vender lo fácil y quedarse con lo difícil
El 23 de diciembre, Telefónica confirmó algo que venía rumoreándose hacía semanas. Telefónica vendió sus negocios de Telefónica Tech en Chile, Colombia y México a Hiberus, una empresa española especializada en servicios digitales. ¿Qué es Telefónica Tech? La división que maneja ciberseguridad, cloud, IoT. Todo lo intangible, lo que se traspasa con contratos, servidores y equipos de ingeniería. Lo que no pesa, no se oxida, y no requiere que alguien se suba a 40 metros con viento patagónico para revisar que un anclaje siga firme.
Esa venta fue rápida, limpia, casi quirúrgica. Pero la red física que opera Movistar Chile, sus 5.302 torres y sitios (mayoritariamente arrendados a towercos) sigue sin comprador público confirmado para sus operaciones completas tras ocho meses de proceso.
Y ahí está la paradoja. Vendieron el «cerebro» digital porque es portátil, escalable, fácil de transferir. Pero se quedaron con el «cuerpo» de fierro, que viene con deuda de US$1.000 millones, obligaciones de cobertura en 181 localidades rurales, y una infraestructura que necesita mantenimiento constante aunque nadie sepa quién será el dueño en seis meses.
¿Por qué nadie quiere comprar las torres? Porque heredar infraestructura de telecomunicaciones no es como comprar un edificio. Es asumir responsabilidad operativa inmediata sobre servicios que no pueden detenerse, con personal técnico que conoce cada sitio, con contratos de mantenimiento vigentes que pueden o no ser renovados, y con una red que funciona hoy pero que necesita modernización urgente para soportar 5G de manera estable.
Entel y América Móvil, dueña de Claro, presentaron una oferta conjunta en octubre. En diciembre terminaron el acuerdo. Ahora ambos siguen interesados, pero por separado. Eso no es señal de desinterés comercial. Es señal de que cuando analizaron los números en detalle, la ecuación se complicó.
Lo que Marta ve desde las finanzas y lo que yo veo desde el terreno
Hace unos días, Marta Canatta publicó en LinkedIn un análisis que me hizo pensar. Ella ve la salida de Telefónica como «traffic shaping del capital», un algoritmo de optimización donde se apagan módulos para que el sistema siga vivo. Es una lectura válida desde la ingeniería de sistemas y las finanzas corporativas. Telefónica está bajo presión en términos globales. Pérdidas netas de 1.080 millones de euros en 2025, deuda creciente, caída del 11% en bolsa tras anunciar el plan Transform & Grow. Reducir exposición en mercados no estratégicos tiene sentido desde Madrid.
Pero desde la ingeniería de estructuras físicas, tengo una preocupación distinta. ¿Qué pasa con los módulos que no se pueden apagar? Las torres no negocian. Los anclajes no esperan. Y mientras los algoritmos optimizan el capital en las oficinas centrales, acá abajo hay fierros que necesitan mantenimiento hoy, no cuando cierre el trato de venta.
Marta tiene razón en algo fundamental. Esto no es caos, es pragmatismo financiero. Telefónica priorizó flujo de caja libre sobre presencia geográfica. Vendió lo que podía vender rápido y se quedó con lo que necesita más tiempo para negociar. Eso es estrategia corporativa funcional.
Mi punto es otro. Esa estrategia asume que la infraestructura física puede esperar. Y no puede.
Y hay una tercera voz que vale la pena escuchar
Diego Velázquez Castillo, abogado especializado en negociación de arrendamientos de infraestructura telco, publicó algo que me hizo pensar desde otro ángulo. Su texto se llama «Cuando el hierro ya no es tuyo» y analiza cómo Telefónica puede perder el control del móvil sin quebrar. Y tiene una tesis potente. Cuando vendiste las torres, vendiste el poder.
Velázquez trabaja para propietarios de terrenos donde se instalan antenas. Su negocio es renegociar contratos de arrendamiento entre dueños de predios y operadoras o towercos. Eso le da una perspectiva que ni Marta ni yo tenemos. Él ve lo que pasa detrás del contrato, cuando el operador ya no es dueño del fierro sino inquilino del espacio.
Y lo que describe es inquietante.
Dice que Telefónica pasó de ser dueña de la autopista a pagar peaje por circular. Que hoy no decide dónde se despliega una torre, no controla el coste estructural del acceso radio, no prioriza su red frente a terceros por propiedad sino solo por contrato. Y que eso cambia completamente el equilibrio de poder a medio plazo.
¿Está exagerando? No lo creo.
Cuando Telefónica vendió Telxius, su división de torres, y gran parte de su inmobiliario, lo hizo por presión de deuda. Eso es lo que explica Marta desde las finanzas. Optimización de flujo de caja. Pero lo que Velázquez está señalando es la consecuencia estratégica de largo plazo. Perdiste soberanía operativa.
Ahora las torres están en manos de towercos con lógica financiera pura. Empresas como American Tower, Cellnex, SBA Communications. Fondos de inversión que no compiten en el mercado de telecomunicaciones, sino que arriendan infraestructura a quien pague más. Y eso genera una asimetría silenciosa.
No hace falta discriminar abiertamente. Eso sería ilegal. Basta con estructuras de precios favorables a ciertos socios, priorizar inversiones donde hay mayor retorno, o condiciones contractuales que ahogan a los más débiles. El resultado no es un monopolio visible, sino una asimetría permanente donde el operador histórico que más invirtió termina siendo el que menos decide.
Velázquez dice algo más que me parece crítico. Con RAN compartida, network slicing, Open RAN y acceso mayorista a infraestructura pasiva, un actor con capital y respaldo regulatorio puede entrar rápido, operar ligero, y competir agresivamente en precio sin necesidad de construir nada. Solo necesita que quien domina la infraestructura no sea Telefónica.
Desde mi perspectiva técnica, eso significa que si mañana aparece un nuevo entrante con músculo financiero, digamos un fondo árabe, un consorcio asiático, o incluso un gigante tecnológico como Google o Amazon, puede montar operación telco en Chile sin tener que invertir miles de millones en torres. Solo necesita comprar o arrendar acceso a infraestructura pasiva existente, torres, sitios, fibra. Luego desplegar equipos activos como radios, core, software. Y finalmente negociar espectro o comprarlo en subasta.
¿Cuánto tiempo le tomaría eso? Menos de lo que pensamos.
Y ahí está el riesgo que Velázquez identifica correctamente. Telefónica puede seguir existiendo como marca, como empresa, como pagador de dividendos. Pero ya no como Telefónica en el sentido histórico. Ya no como el actor que estructura el mercado, marca ritmo, precios y estándares.
Eso no es quiebra. Es pérdida de centralidad.
El dato que nadie está viendo, solo el 25% de la modernización 5G está completada
Telefónica anunció en abril de 2025 una inversión de US$140 millones para modernizar 5.302 sitios móviles en Chile. El objetivo era claro. Actualizar la red para soportar 5G de manera estable y competir con Entel y Claro en cobertura de alta velocidad.
Hoy, en diciembre, solo se ha completado el 25% de ese despliegue. Eso significa que aproximadamente 1.327 sitios fueron actualizados, pero quedan 3.975 pendientes.
¿Por qué se detuvo? Porque cuando estás vendiendo una empresa, no inviertes en CAPEX que aumentará el valor del activo pero que probablemente no recuperarás. Es como remodelar una casa que ya pusiste en venta. El comprador aprovecha la mejora, pero tú asumiste el costo sin capturar el beneficio.
El problema es que esos 3.975 sitios no modernizados siguen operando con tecnología diseñada para 3G y 4G. Y cuando intentas montar equipos 5G sobre estructuras pensadas para cargas menores, sin haber hecho auditorías de capacidad estructural, estás asumiendo un riesgo técnico que puede traducirse en fallas operativas.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Que hay torres funcionando hoy con cargas dinámicas superiores a las que fueron diseñadas para soportar. Que hay anclajes que nunca fueron revisados para verificar si aguantan el peso adicional de antenas más pesadas y ventosas. Que hay sistemas de alimentación eléctrica auxiliar instalados hace años que nadie ha auditado desde entonces.
Y todo eso está en pausa comercial. Esperando.
«He visto eso antes. En 2014, cuando Nextel quebró en Chile, sus torres fueron cedidas a empresas de infraestructura como American Tower y SBA Communications. La marca desapareció, pero las estructuras quedaron. »
— Ricardo Allel
El vacío regulatorio que convierte esto en un problema de país
Acá viene lo que me parece más grave. La Ley de Torres en Chile regula muchas cosas. Regula dónde se pueden instalar antenas, cómo deben estar mimetizadas con el entorno urbano, qué compensaciones deben ofrecer las empresas a las comunidades cercanas. Todo eso está bien legislado.
Pero hay algo que la ley no regula. Auditorías estructurales obligatorias durante traspasos de infraestructura entre operadores.
Eso significa que si mañana Entel, Claro, WOM o cualquier otro comprador se queda con Movistar, legalmente no está obligado a auditar las torres antes de asumir operación. Puede heredar 5.302 sitios, firmar el traspaso, y empezar a operar sin que nadie verifique técnicamente si esas estructuras cumplen con los estándares actuales de carga, seguridad sísmica o compatibilidad tecnológica.
¿Es eso razonable? No. Pero es legal.
Y ahí está el problema. No es que los operadores sean irresponsables. Es que el sistema regulatorio asume que quien compra infraestructura crítica va a auditarla por responsabilidad propia. Pero cuando hay presión comercial por activar servicios rápido, por no perder clientes durante la transición, por demostrar que la fusión «no afecta la experiencia del usuario», esas auditorías empiezan a verse como obstáculos en lugar de garantías técnicas.
He visto eso antes. En 2014, cuando Nextel quebró en Chile, sus torres fueron cedidas a empresas de infraestructura como American Tower y SBA Communications. La marca desapareció, pero las estructuras quedaron. ¿Hubo problemas técnicos masivos documentados? No. Porque las empresas que asumieron esos activos tenían expertise en gestión de infraestructura y priorizaron auditorías antes de operación.
Pero Nextel tenía menos del 1,5% de cuota de mercado. Movistar tiene el 23,2% en móvil y el 39% en fibra óptica. La escala del traspaso es completamente distinta. Y esa escala no admite improvisación.
Las 181 localidades que pueden quedar en el olvido
Cuando Telefónica ganó la licitación de la banda 700 MHz, asumió una obligación regulatoria que no es opcional. Proveer conectividad a 181 localidades rurales aisladas donde ningún operador invertiría por rentabilidad comercial.
Esas localidades están en zonas remotas del país. Lugares donde el retorno financiero es bajo pero la importancia social es crítica. Comunidades que dependen de internet para acceder a educación, salud, trámites gubernamentales. Gente para la que perder conectividad no es un inconveniente, es quedar literalmente fuera del mapa.
¿Qué pasa con esas obligaciones cuando Movistar se vende? Legalmente, deberían transferirse al comprador. Pero en la práctica, eso requiere que el nuevo operador asuma no solo los sitios, sino también los contratos de mantenimiento, los equipos técnicos que conocen esos emplazamientos, y la inversión sostenida en zonas que no generan ingresos significativos.
Si el comprador decide optimizar costos y prioriza zonas urbanas rentables, esas 181 localidades pueden quedar en una zona gris operativa. No desconectadas inmediatamente, pero tampoco con garantía de mantenimiento proactivo.
Y nadie está hablando de eso.
Tres cosas que pueden salir mal si esto se hace con apuro
Llevo 20 años en esta industria. He visto traspasos que funcionaron bien porque hubo tiempo, método y coordinación técnica. Y he visto traspasos que generaron problemas porque se priorizó velocidad sobre rigurosidad.
Estos son los tres escenarios que me preocupan si el traspaso de Movistar se hace bajo presión comercial sin auditorías previas.
Primero, incompatibilidad de anclajes.
Cada operador tiene especificaciones técnicas distintas sobre cómo deben estar ancladas las antenas. Lo que para Movistar es un montaje aceptable, para Entel o Claro puede no cumplir sus protocolos internos de seguridad. Si eso pasa, hay que desmontar y remontar estructuras completas. Eso toma semanas. Y durante esas semanas, esa zona queda sin servicio estable.
Segundo, torres diseñadas para 3G intentando soportar 5G sin revisión estructural.
Las antenas 5G son más pesadas, generan más carga de viento, y requieren sistemas de alimentación eléctrica más robustos. Si montas equipos nuevos sobre estructuras viejas sin auditar la capacidad de carga, estás asumiendo un riesgo de colapso estructural que ningún ingeniero responsable debería aceptar.
Tercero, abandono progresivo de sitios rurales no rentables.
El nuevo operador puede decidir que mantener ciertos sitios remotos no justifica la inversión. No los desconecta de golpe, porque eso genera escándalo mediático. Simplemente deja de invertir en mantenimiento preventivo. Y esos sitios empiezan a fallar progresivamente hasta que alguien se da cuenta de que llevan meses sin servicio estable.
Ninguno de estos escenarios es hipotético. Son cosas que pasan cuando hay traspasos mal coordinados en cualquier industria de infraestructura crítica.
Por qué la incertidumbre paraliza incluso a quienes no están directamente involucrados
Esto no afecta solo a Telefónica o a los potenciales compradores. Afecta a toda la cadena de proveedores que sostiene la industria.
Empresas de transporte especializado que mueven equipos a zonas remotas no saben si renovar contratos o ajustar estructura. Proveedores de componentes de seguridad que cumplen normativas específicas no saben si seguir invirtiendo en inventario. Empresas de ingeniería que diseñan estructuras según especificaciones complejas no saben si habrá continuidad de proyectos. Técnicos certificados que instalan equipos siguiendo protocolos rigurosos no saben si sus capacitaciones seguirán siendo válidas con el nuevo operador.
Nosotros en Armatec mantenemos capacidad operativa nacional porque hemos invertido sostenidamente durante 17 años en cinco bodegas estratégicas, cuadrillas certificadas, equipos de última generación. Esa capacidad nos permitió coordinar 180 torres en paralelo durante el proyecto SWAP de Claro con Huawei. Pero mantener esa estructura tiene un costo que se justifica con la expectativa razonable de que habrá continuidad de trabajo.
Cuando esa expectativa se vuelve difusa, todos los proveedores de la cadena nos hacemos la misma pregunta incómoda. ¿Mantenemos esa capacidad instalada apostando a que vendrán proyectos equivalentes? ¿O ajustamos la estructura asumiendo que lo que pasó fue una anomalía estadística que no se va a repetir?
No es una pregunta fácil de responder cuando el panorama tiene más variables políticas que técnicas.
La pregunta que deberíamos estar haciéndonos como país
Chile va a tener más de 20.000 antenas operando en 2026. Esas antenas sostienen 30 millones de conexiones móviles. Hospitales que dependen de telemedicina. Comisarías que coordinan emergencias. Ambulancias que operan con conectividad GPS estable. Comunidades rurales para las que internet no es entretenimiento sino la única forma de acceder a servicios esenciales.
¿Cuántas de esas estructuras pasarían hoy una auditoría técnica rigurosa?
No lo sé. Y creo que deberíamos saberlo.
Porque cuando algo tan crítico como la red de telecomunicaciones nacional está en proceso de cambio de manos, la pregunta no debería ser solo cuánto vale comercialmente. Debería ser también si estamos garantizando que esa infraestructura va a seguir funcionando con los mismos estándares de seguridad y estabilidad que tenía antes.
Y para eso se necesitan auditorías. Protocolos claros. Tiempo suficiente para hacer las cosas bien en lugar de hacerlas rápido.
Hace tres semanas escribí anticipando problemas técnicos cuando Movistar se fuera. Hoy el problema es otro. Movistar todavía no se va, y nadie sabe con certeza quién está garantizando el mantenimiento de una infraestructura crítica que no puede darse el lujo de fallar.
La ventana para anticipar está abierta. Pero no por mucho tiempo.
Si trabajas en el sector, ¿qué te preocupa más de este traspaso? ¿Qué riesgos ves que nadie está nombrando? Déjamelo en los comentarios.
Ricardo Allel
CEO, Armatec